Como bien dice la nueva historiografía por vía de Annie Jourdan (La Révolution, une exception française?, Flammarion, 2004), el ciclo revolucionario no empieza en 1789 en Francia, sino que lo que marcó el imaginario de los ilustrados del XVIII fue la revolución inglesa del XVII, o mejor, las revoluciones, los dos momentos revolucionarios en 1640 y 1688.
Con los Tudor, en el siglo XV —Enrique VII—, el poder monárquico quedó centralizado al final de la guerra de las Dos Rosas, llegándose así a la Monarquía absoluta, aunque se respetó la tradición de la Carta Magna, que implicaba colocar la ley —el Common Law— por encima del Rey.
[…]
A TODOS LOS HOMBRES LIBRES DE NUESTRO REINO (To all free men of our Kingdom) hemos otorgado asimismo, para Nos y para nuestros herederos a titulo perpetuo, todas las libertades que a continuación se enuncian, para que las tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos:
[…]
11) Si un hombre muere debiendo dinero a judíos, su mujer podrá entrar en posesión de la dote y no estará obligada a pagar cantidad alguna de la deuda con cargo a aquella…
12) No se podrá exigir «fonsadera» (scutage) ni «auxilio» (aid) en nuestro Reino sin el consentimiento general…
39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino.
40) No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia.
42) En lo sucesivo todo hombre podrá dejar nuestro reino y volver a él sin sufrir daño y sin temor, por tierra o por mar, si bien manteniendo su vínculo de fidelidad con Nos, excepto en época de guerra, por un breve lapso y para el bien común del Reino…
63) EN CONSECUENCIA ES NUESTRO REAL DESEO Y NUESTRA REAL ORDEN que la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los hombres en nuestro Reino tengan y guarden todas estas libertades, derechos y concesiones legítima y pacíficamente en su totalidad e integridad para sí mismos y para sus herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre.
15 de junio de 1215
Los conflictos con el Parlamento comenzaron más tarde, en el siglo XVI, hacia finales del reinado de Isabel I, cuando la expansión inglesa necesitó reunir más a menudo al Parlamento para aprobar los gastos extraordinarios según la tradición aceptada. Fue su muerte sin descendencia la que abrió la época de los Estuardo, con Jacobo I, hijo de la reina María Estuardo, de Escocia. Entonces se rompió con la tradición y el Estado pasó a ser propiedad de la casa gobernante, guiándose por el derecho divino de los reyes; es decir, se acabó con la tradición de la Carta Magna y el Rey se colocó por encima de la ley. Se ocasionó un conflicto entre los órganos del Estado (Rey, Parlamento y Tribunales), que desembocó en la guerra civil. Así surgieron teóricos a favor y en contra de la nueva situación. Carlos I siguió la tradición de su padre y disolvió el Parlamento cuando le negó los tributos extraordinarios, pero en 1628 el pueblo se negó a pagar los impuestos y tuvo que volver a reunirlo. Fue la ocasión para que los Comunes hicieran una Petición de Derechos que se basaba en que la nación no podía ser obligada a soportar pagos forzados e impuestos que no habían sido votados por el Parlamento. La oposición al gobierno absoluto de los Estuardo
Tampoco nadie podría ser detenido ni privado de sus bienes sino por decisión judicial conforme a las leyes. Carlos I cedió para conseguir el dinero solicitado para luego violar su palabra. Fue entonces cuando los Comunes declararon enemigo capital del Estado, traidor de las libertades de Inglaterra y enemigo del país a todo aquel que contribuyera o sugiriera hacerlo sin autorización del Parlamento. Entonces el Rey volvió a disolver los Comunes, buscó apoyo en los Lores y gobernó once años como rey absoluto. Cuando necesitó reunir de nuevo al Parlamento para obtener más dinero con el fin de armar un ejército para frenar las insurrecciones, no consiguió su objetivo y volvió a disolverlo: por ello se le conoció a este último como el Parlamento Corto. Las dificultades del gobierno en esa situación forzaron al Rey a convocar nuevas elecciones comprando o coaccionando a los votantes, originándose así el conocido como Parlamento Largo. Los impuestos aprobados en el Parlamento
Sin embargo la mayoría de sus componentes, el 57%, eran constitucionalistas. Su presidente, John Pym, instó y consiguió un informe denunciando los abusos del Rey, a lo que se sumaron diversas propuestas de reformas; se conoció como la Gran Protesta (Grand Remonstrance), rechazada por el Rey, que acusó a los diputados de alta traición. Se produjo entonces una revuelta generalizada y el Rey se trasladó a Oxford donde se convocó el llamado Parlamento auténtico con los Lores y los Comunes fieles al Rey y se hizo con un ejército mercenario. La revolución, que como fue propio de otros procesos implicó una guerra civil —o guerras civiles porque tuvo varias fases—, se prolongó entre 1642 y 1653, con tres períodos: 1642-1645, 1648-1649, 1649-1653. Guerra civil entre el Rey y el Parlamento
Por su parte los parlamentarios del Parlamento Largo reunieron un ejército radical y disciplinado (new model army), ideológico, donde destacó Oliver Cromwell, que reclutó a los primeros componentes de los llamados «ironsides». Era considerado una unión de hombres libres del pueblo de Inglaterra para defender la libertad y los derechos fundamentales del pueblo. Cromwell pertenecía a los moderados que intentaron llegar a un acuerdo con el Rey. Frente a él los levellers o niveladores, y los diggers o cavadores, proponían la ejecución de Carlos I y la abolición de la Monarquía. Esta tendencia radical imperaba en el Ejército, pero no en el Parlamento ni en la sociedad; así que para llegar a juzgar al Rey se pasó primero por la depuración del Parlamento para lograr conformarlo como nuevo alto tribunal de justicia que lo juzgara. De este modo, Carlos I fue ejecutado. A este Parlamento depurado, erigido en tribunal de justicia, se le denominó Parlamento Rump. Al Rey se le juzgó y condenó por tirano y criminal (sentencia del 27 de enero de 1649). A partir de ahí comenzó el gobierno revolucionario cuya primera intención fue buscar otro Rey; sin embargo, el predominio de los radicales del Ejército llevó a la proclamación de la República, la abolición de los Lores y el establecimiento de un Parlamento unicameral (que veremos repetido en todos los procesos revolucionarios). El poder supremo pertenecía al Parlamento, y el poder Ejecutivo lo ejercía un Consejo de Estado. La abolición de la Monarquía se produjo el 7 de febrero de 1649; pero la proclamación de la República no llegó hasta el 19 de mayo. Carlos I, juzgado por el Parlamento y ejecutado
En este modelo revolucionario, denominado «Gobierno de Asamblea», que será típico en los procesos posteriores, el gobierno quedó en manos del Parlamento, el citado Parlamento Rump, reconvertido en una única Cámara, la Asamblea, donde se reúnen y confunden todos los poderes. Duró hasta el 20 de abril de 1653 cuando Cromwell protagonizó un auténtico golpe de Estado militar, disolviendo el Parlamento, que quería perpetuarse, por la fuerza. Comenzó así el gobierno personal de Cromwell, su dictadura, con reformas sorprendentes, como la racionalización y simplificación legal, el matrimonio civil, el fin de los privilegios eclesiásticos, la codificación del Derecho. Nombrado Lord Protector, el sistema retrocedió a una forma de Monarquía personal. Gobernó bajo una Constitución denominada Instrument of Government que implicaba parlamentos trienales con representación de Irlanda y Escocia, que disponían de 36 escaños cuya distribución quedó a la iniciativa del Lord Protector (hombres de paja del gobierno o miembros del Ejército). Se llevó a cabo una nueva distribución de circunscripciones y escaños donde dominaban los propietarios de tierra. El voto era censitario. El Gobierno era todopoderoso. Pero este Parlamento también fue disuelto por Cromwell por su rechazo al poder del Ejército y el intento de reformar el Instrument of Government. Esto le enemistó con la burguesía a la vez que los monárquicos, subvencionados por Francia y España procuraban la sublevación contra este régimen. El gobierno personal de Cromwell
La Restauración llegó con la muerte de Cromwell, pero no fue una contrarrevolución; Carlos II conocía ya los peligros para la Monarquía y el Parlamento no dejó de su mano la política exterior, la religión o el comercio. En el nuevo reinado el problema llegó con la tolerancia del Rey con los católicos; esta confesión representaba en toda Europa el absolutismo, así que pasó a ser cuestión política central el apoyo del Parlamento al anglicanismo frente a la tolerancia del Rey que parecía significar búsqueda de apoyos para una vuelta al absolutismo. Lo que sucedió es que se expulsó al 20% de los clérigos de sus beneficios eclesiásticos; mientras que la Monarquía vulneraba los derechos de los ingleses al no convocar el Parlamento sino cuando fue estrictamente necesario. A la muerte de Carlos II, en 1685, Jacobo II siguió la misma política. En este caso, sin embargo, la esperanza pasó a ser su hija, protestante, casada con Guillermo de Orange, protestante también. La división final se produjo cuando el Rey tuvo un nuevo hijo y se llegó a temer una regencia católica. Se dice que entonces nacieron los partidos políticos en Inglaterra: los Tories, anglicanos, conservadores, enemigos tanto del catolicismo como del puritanismo, que querían una Corona fuerte y no admitían la resistencia a la autoridad. Los Whigs eran puritanos que proponían la tolerancia religiosa, un Parlamento fuerte, el pacto social y el derecho de resistencia a la autoridad. La Restauración y el origen de los partidos políticos
Ambos partidos se unieron en 1688 para derrocar a Jacobo II; pidieron ayuda a Guillermo de Orange, esposo de su hija María, que llegó a Inglaterra en noviembre; esta vez, sin embargo, no se llegó a la guerra civil y se permitió a Jacobo II que se fuera para restaurar tras su partida los derechos tradicionales de los ingleses y la antigua constitución. La corona pasó a su hija María con la exigencia de que su marido, Guillermo de Orange, fuera también proclamado rey. Todas las condiciones impuestas para el traspaso de la Corona se formularon bajo la forma de una Declaración de Derechos que puso fin a la Gloriosa Revolución (1688-1689), quedando sentadas las bases del moderno sistema constitucional inglés. Fue esta parte de la revolución, la segunda revolución, la que se produjo de forma pacífica, quedando para la primera todos los avatares propios de cualquier revolución posterior. Se le dio el sentido no tanto de introducir derechos nuevos como de sancionar derechos antiguos que habrían sido violados por la monarquía cuando quiso ser absoluta —como dirán los diputados gaditanos también en su momento, remontándose a Carlos V y las Comunidades—. Se estableció que no se pudieran cargar impuestos que no hubieran sido aprobados por el Parlamento, consolidándose así la mayor fuerza de los Comunes, donde radicaba la representatividad. La religión dejó de ser causa de batalla política porque se estableció la libertad de culto, excepto para los católicos. Fue la época en que se produjo la unificación definitiva de Inglaterra y Escocia. En 1694 se estableció la elección general al menos cada tres años. En 1695 se abolió la censura. Se llegó a la Ley del Acuerdo (Settlement Act) para la limitación de la Corona y mayor protección de las libertades. El rey debía ser anglicano. La Constitución (entendida como todo este proceso legal que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que se mantenía vigente) comenzó a ser reconocida ya como un hito histórico. La estabilidad que produjo esta nueva situación favoreció el desarrollo económico y el comercio, estando los derechos, la vida y la propiedad firmemente garantizados. Era la sociedad más avanzada de su época y allí se desarrolló la cultura y un nuevo pensamiento, surgiendo figuras de tanta relevancia como Newton. La «Gloriosa Revolución» y la Monarquía Constitucional inglesa
BILL OF RIGHTS «DECLARACIÓN DE DERECHOS
«Considerando que el fallecido Jacobo ll, con la ayuda de malos consejeros, jueces y ministros nombrados por él, se esforzó en subvertir y proscribir la religión protestante, y las leyes y libertades de este Reino:
Usurpando y ejerciendo el poder de dispensar de las leyes y aplazar su entrada en vigor y su cumplimiento sin el consentimiento del Parlamento.
Cobrando, en beneficio de la Corona, ciertos tributos, bajo la excusa de una supuesta prerrogativa, para otros períodos y en forma distinta de la que habían sido votados por el Parlamento.
Reclutando y manteniendo, dentro de las fronteras del Reino y en tiempo de paz, un ejército permanente, sin consentimiento del Parlamento, y alistando en él a personas declaradas inhabilitadas.
[…] Violando la libertad de elegir a los miembros del Parlamento.
[…] Todo lo cual es total y directamente contrario a las leyes, ordenanzas y libertades de este Reino.
Considerando…
Que el pretendido poder de suspender las leyes y la aplicación de las mismas, en virtud de la autoridad real y sin el consentimiento del Parlamento, es ilegal.
[…] IV Que toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un período de tiempo más largo o en forma distinta de la que ha sido autorizada es ilegal.
V Que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegal toda prisión o procesamiento de los peticionarios.
VI Que el reclutamiento o mantenimiento de un ejército, dentro de las fronteras del Reino en tiempo de paz, sin la autorización del Parlamento, son contrarios a la ley.
VII Que todos los súbditos protestantes pueden poseer armas para su defensa, de acuerdo con sus circunstancias particulares y en la forma que autorizan las leyes.
VIII Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
IX Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parlamento.
[…] XIII Y que para remediar todas estas quejas, y para conseguir la modificación, aprobación y mantenimiento de las leyes, el Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Reclaman, piden e insisten en todas y cada de las peticiones hechas, como libertades indiscutibles, y solicitan que las declaraciones, juicios, actos o procedimientos, que han sido enumerados y realizados en perjuicio del pueblo, no puedan, en lo sucesivo, servir de precedente o ejemplo.
Hacen esta petición de sus derechos, particularmente animados por la declaración de S. A. R. el príncipe de Orange, que los considera el único medio de obtener completo conocimiento y garantía de los mismos respecto de la situación anteriormente existente.
13 de febrero de 1689
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