En España el proceso de construcción del Estado contemporáneo comenzó como consecuencia de la revolución francesa y su evolución. La expansión de la misma en la etapa napoleónica, con su afán de crear un imperio bajo las nuevas ideas, provocó en España la lucha por su independencia; ésta fue la ocasión para que se pusieran en práctica las nuevas ideas sobre el gobierno que habían ido extendiéndose por Occidente y que habían llegado, como no podía ser menos, también a España. De ahí que revolución e independencia, como se dijo en el primer epígrafe, fueran aquí también procesos paralelos. Guerra y revolución en España
[…] Del mismo modo cuando un monarca o el magistrado supremo de la sociedad civil no desempeña las sagradas obligaciones de tan augusto ministerio, ni cumple las condiciones del pacto que fueron como las leyes fundamentales de la constitución del estado, antes abusando del poder y de la autoridad que se le había confiado para beneficio común y remedio de los males de la sociedad, […]
puede éste tomar medidas de precaución, proveer a su seguridad, separarse de su jefe, obligarle a abdicar la corona, y aun si pareciese conveniente construir diferente forma de gobierno.
[…] La asociación civil es efecto de un convenio, la regalía un oficio instituido en beneficio público, los Reyes hechura de los pueblos, cuya voluntad les dio el ser, y cuyos dones y trabajos los mantienen. La extensión de la autoridad regia, sus modificaciones y restricciones penden de aquel convenio, de la constitución del estado y de la voluntad del pueblo, en quien reside originalmente toda la autoridad pública…
En realidad, como pasó en la Francia de 1791 nunca se pensó en eliminar al Rey, sino en recuperar las viejas libertades, como decía Muñoz Torrero en las Cortes gaditanas en 1811: «Sólo hemos tratado de restablecer las antiguas leyes fundamentales de la monarquía, y declarar que la nación tiene derecho para renovarlas y hacerlas observar», al modo como los ingleses también dijeron durante su revolución, que sólo querían recuperar los derechos del pueblo a participar en el gobierno; lo que no excusó ningún paso a dar ni disminuyó la radicalización como se demostró en la revolución de 1640. La recuperación de las viejas libertades
Pero en el caso español hubo otras consecuencias mucho más amplias que en otros países, porque España todavía era un imperio; así que los cambios producidos en la metrópoli se sintieron en toda la América española, que comenzó a sufrir en su territorio la necesidad también de organizarse de otro modo, según parecían exigir los tiempos. El hecho de encontrarse en el «Nuevo Mundo»; aquel que no disponía de Monarquía si se quería separar de Europa, los llevó a organizarse al modo «americano», es decir, según el modelo de la primera República constitucional, la de los Estados Unidos de América. La revolución en España y las nuevas naciones latinoamericanas
Pero en este caso el proceso fue mucho menos lineal y más complejo; la razón ya la apuntó un político español a mitad del XIX, Ríos Rosas, cuando recordó que el factor diferenciador de la República del Norte respecto a las latinoamericanas fue el hecho de que aquélla había tenido ocasión de aprender y practicar el modelo constitucional monárquico desde la revolución inglesa del XVII, mientras que en la América española se partía del absolutismo monárquico que permanecía en el resto del continente. O sea, que la revolución inglesa tuvo otra consecuencia añadida a las ya apuntadas, que fue la diferenciación de culturas políticas en la propia construcción del Estado contemporáneo entre la América anglosajona y la española, y que podría explicar hasta hoy la gran diferencia de resultados, junto a otros factores, entre ambos espacios políticos. La América anglosajona partía del gobierno constitucional inglés
La historiografía actual está renovando completamente los análisis sobre la creación de los Estados latinoamericanos; ahora se presta más atención a la revolución española, a los apegos a la monarquía de muchos insurgentes, a los intentos de moderar la revolución a través del modelo monárquico en las repúblicas nacientes, a la misma posibilidad de una Monarquía constitucional. Hay que anotar este momento de gran interés para la comprensión del proceso al otro lado del Atlántico. El título de una publicación reciente (2008) es significativo: Experiencias republicanas y monárquicas en México, América Latina y España. Siglos XIX y XX (coordinado por M. A. Landavazo y A. Sánchez Andrés); como lo es la de Roberto Breña (2006), El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. O el coordinado por Moisés Guzmán Pérez (2007), Guerra e imaginarios políticos en la época de las independencias. También en las otras Españas la guerra «civil» y de independencia —aun manteniendo la defensa del rey, la religión y la patria— formó parte de la revolución y viceversa, y así fue percibida; definitivamente se trastocó el orden tradicional, se disolvió la unidad de la Monarquía hispánica y surgió la lucha por la soberanía propia, al verse sometidos a una soberanía extraña; el cura Hidalgo quiso ya en 1811 el autogobierno y que América fuera gobernada por americanos, renunciando a pertenecer a la «nación española». También en principio se luchó por mantener intactas las leyes fundamentales de la Monarquía; de máximo interés en las repúblicas de indios que no fueron reconocidas por la Constitución de Cádiz, en beneficio del Ayuntamiento criollo.
Si la revolución inglesa marcó la diferencia en el espacio político americano, la diferencia hasta nuestros días de los modelos políticos entre América y Europa —allí república presidencial, aquí parlamentarismo, primero monárquico y en su lugar republicano—, viene dada por la existencia o no de Monarquía. Esa importancia decisiva de la Monarquía en la conformación constitucional de Europa se inicia con las primeras constituciones, en las que no es que se rechace el modelo americano, con su República federal, es que no se tiene en cuenta; primero porque la idea de República en la época, que todavía recoge Montesquieu, es que sólo funciona en Estados pequeños, casi como democracia directa; segundo porque en el caso de las trece colonias hay República porque no tienen Rey: es una carencia; tercero, porque que sea Federal es la consecuencia lógica de esa carencia, de la necesidad de República, y de la unión de las diferentes colonias. En Europa tienen que diseñar algo diferente, que sirva para constitucionalizar la Monarquía, y de ahí surgió, tras los fracasos de primera hora, el parlamentarismo. El gobierno parlamentario se diseñó para la Monarquía
Pero en cualquiera de estos modelos lo común fue la necesidad de ir aumentando el poder del Ejecutivo una vez que triunfó la revolución. Ésta tuvo como consecuencia primera y lógica reducir el poder Ejecutivo lo máximo posible, ya que era lo mismo que reducir el poder del Rey, hasta entonces absoluto. Pero pasados los primeros momentos, el proceso se corrigió y se mostró la necesidad de aumentar dicho poder; así la República surgida de las Trece Colonias cambió el modelo asambleario de la Confederación por el presidencial de la Unión. La Monarquía, sin embargo, no podía ir por ese camino porque, al estar el Ejecutivo en manos del Rey, se corría el peligro de volver al absolutismo. Así que la incompatibilidad entre un fuerte poder Ejecutivo, que es lo que significaba el Presidencialismo, y la Monarquía constitucional hizo retomar el modelo inglés, de doble Ejecutivo —rey y gobierno de gabinete—; eso permitía incrementar el poder del gobierno que era variable y responsable ante el Rey y las Cortes. En caso de conflicto o se cambiaba el Gobierno o las Cortes, y ya no habría enfrentamiento directo entre Rey y Parlamento, que fue la experiencia vivida en Francia, cuando se cortó la cabeza al Rey, o en España donde el absolutismo se volvió a imponer, acabando con las Cortes, por dos veces consecutivas hasta la muerte de Fernando VII. El aumento del poder Ejecutivo en la Monarquía
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